El presidente de Liberbank apunta a la cúpula de la CAM por las cuentas falseadas Menéndez, que negociaba la fusión, asegura que no se fiaba del estado financiero, que necesitaba 1.000 millones, y lo conocía la dirección.
El presidente-consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, ha señalado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que investiga la responsabilidad de la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en la quiebra de la entidad, que no se fiaba del estado financiero de la caja y que fue esta ruinosa situación la que provocó el fracaso en la creación del Banco Base.
Menéndez, que fue llamado como testigo por el juez instructor Javier Gómez Bermúdez a petición de ladefensa de uno de los imputados en esta causa, el exdirector de Planificación de la entidad Teófilo
Sogorb, ha permanecido apenas media hora declarando y ha detallado de forma pormenorizada las
razones de su desconfianza en la CAM, han señalado fuentes jurídicas.
Entre estas razones se encontraba la desastrosa situación crediticia de la entidad, que a su juicio hubiera precisado de una provisión de fondos de 1.000 millones de euros, según fuentes cons ultadas.
Además, ha señalado que esta circunstancia era conocida por la cúpula de la CAM, es decir por su
expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López y el que fuera director general de Inversiones y Riesgos de la caja Francisco Martínez García.
Renuncia de testigos Tras la declaracción del presidente de Liberbank ha comparecido también como testigo el que fuera director de gestión de Recursos Humanos de la CAM Eduardo Severá. Tras su comparecencia, el abogadode Sogorb, José Antonio Choclán, ha renunciado al resto de testigos citados para los próximos días, entre ellos el administrador del FROB Benicio Herranz y el también responsable de Recursos Humanos Bernardo Chuliá.
El proceso de integración de las cajas se prolongó desde septiembre de 2010, momento en que tomó
vigencia el contrato de integración del SIP, hasta la creación en diciembre de 2010 del Banco Base.
Durante este plazo hubo una cesión de la soberanía de los órganos directivos de las cajas que pasó a
manos del Comité de Integración del SIP.
El actual presidente-consejero delegado de Liberbank, ocupó en aquel entonces el cargo de director
general de Banco Base y actuó como consejero delegado con plenas facultades de este Comité.
La fusión fría fracasó en marzo de 2011, momento en el que las asambleas de Cajastur, Caja antabria y Caja de Extremadura se opusieron a unirse a la vista de la ruinosa situación de la CAM.
Gómez Bermúdez mantiene imputados por presuntos delitos societarios, estafa y manipula ción del precio de las cosas, a siete altos cargos del banco -su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López, el ex director de Recursos Vicente Soriano y el de Planificación Teófilo Sogorb- por llevar a la entidad a un "debilitamiento extremo" en "beneficio propio".
El magistrado amplió las imputaciones, para incluir al que fuera director general de Inversiones y Riesgos de la caja Francisco Martínez García y al ex director general de Liquidez y Financiacio nes Propias Juan Luis Sabater , a la vista de nuevas alegaciones presentadas por Sogorb.
Éste indicó, en un escrito presentado el pasado mes de mayo, que la auditoría y contabilización de los
riesgos y dotaciones para la formulación de las cuentas de 2010, no dependía del área que él dirigía sino de las direcciones de Martínez y Sabater.
Sogorb recordaba, además, en su escrito que la formulación de las cuentas de aquel año tuvo lugar
coincidiendo con el proceso de integración del denominado Sistema Institucional de Protección (SIP) y la creación del Banco Base, formada por la CAM, Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
Afectados por las cuotas de la CAM piden una fianza para el Sabadell de 24,5 millones por el proceso soberanista
El juez acordó ampliar al Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas participativas de la CAM, que hasta ahora afrontaba en solitario la fundación.
Antigua sede de la CAM
E.B. / 20-08-2014 • 12:38
Acusaciones particulares y la popular personadas en la causa en la que se investigan las cuotas participativas emitidas por la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)han pedido al instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, el embargo preventivo o la imposición de una fianza de 24,5 millones de euros al Banco Sabadell para que pudiera hacer frente a las responsabilidades civiles en que pudiera incurrir de ser condenado en esta causa.
Según recoge la agencia Europa Press, que cita el escrito, es necesario asegurar la garantía suficiente “dada la crisis económica, la de Europa, y añadidas las pretensiones políticas de la comunidad catalana en pedir la independencia, que afectaría en breve al patrimonio del Banco Sabadell, y con ello a las víctimas, pues dicha entidad tiene su domicilio social en Barcelona”.
La petición es consecuencia de la decisión adoptada el pasado 13 de junio por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que acordó ampliar al Banco Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas participativas que comercializó la CAM, que hasta ahora afrontaba en solitario la Fundación CAM, heredera de la caja alicantina.
Se solicita además esta parte que el embargo preventivo se realice sobre el depósito constituido por el Sabadell ante el Banco de España para poder operar como entidad financiera en España “y en caso contrario sobre los títulos que cotizan en las bolsas norteamericanas, de Wall Street y las bolsas del Estado de Florida”, así como en las bolsas españolas.
Para ello, los afectados solicitan al juez Gómez Bermúdez que envíe los correspondientes oficios al responsable de las bolsas norteamericanas y a las de Barcelona, Madrid y Valencia, así como al responsable del mercado secundario español “para que embarguen títulos, acciones y demás productos financieros que coticen a favor del Banco Sabadell salvo que aporten fianzas económicas” en la cuenta del Juzgado.
Todo ello, según señala esta parte, “ante el vacío patrimonial que tiene actualmente la extinta CAM y los posibles riesgos tan altos que tienen las entidades que han absorbido otras que habían sido nacionalizadas, como el Banco Sabadell”. Los afectados recuerdan las ayudas recibidas por la CAM y el esquema de protección de activos (EPA) que le otorgó el Estado al Sabadell para defender que el banco “no puede obtener todos los beneficios del Estado español y después no obligarse o responsabilizarse de las obligaciones que tenía que haber adquirido” y que “una voluntad política de independizarse, eximirse de dichas posibilidades”.
La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España, para ser posteriormente adjudicada al Sabadell en diciembre de ese mismo año por el precio simbólico de un euro. El Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros en la entidad que se sumaron a los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El 23 de julio de 2008 la CAM sacó al mercado sus cuotas participativas. En total, colocó 50 millones de títulos a un precio de 5,84 euros. Lehman Brothers, que quebró sólo dos meses después, fue el banco colocador de la emisión. Un 65,5% de las cuotas (32,7 millones) se colocaron entre minoritarios, que tenían que realizar una inversión mínima de 3.000 euros. Teniendo en cuenta estas cifras, algo más de 60.000 minoristas, la mayoría clientes de la CAM, se hicieron con estos títulos. Tras el rescate de la entidad, perdieron todo su dinero.
Según recoge la agencia Europa Press, que cita el escrito, es necesario asegurar la garantía suficiente “dada la crisis económica, la de Europa, y añadidas las pretensiones políticas de la comunidad catalana en pedir la independencia, que afectaría en breve al patrimonio del Banco Sabadell, y con ello a las víctimas, pues dicha entidad tiene su domicilio social en Barcelona”.
La petición es consecuencia de la decisión adoptada el pasado 13 de junio por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que acordó ampliar al Banco Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas participativas que comercializó la CAM, que hasta ahora afrontaba en solitario la Fundación CAM, heredera de la caja alicantina.
Se solicita además esta parte que el embargo preventivo se realice sobre el depósito constituido por el Sabadell ante el Banco de España para poder operar como entidad financiera en España “y en caso contrario sobre los títulos que cotizan en las bolsas norteamericanas, de Wall Street y las bolsas del Estado de Florida”, así como en las bolsas españolas.
Para ello, los afectados solicitan al juez Gómez Bermúdez que envíe los correspondientes oficios al responsable de las bolsas norteamericanas y a las de Barcelona, Madrid y Valencia, así como al responsable del mercado secundario español “para que embarguen títulos, acciones y demás productos financieros que coticen a favor del Banco Sabadell salvo que aporten fianzas económicas” en la cuenta del Juzgado.
Todo ello, según señala esta parte, “ante el vacío patrimonial que tiene actualmente la extinta CAM y los posibles riesgos tan altos que tienen las entidades que han absorbido otras que habían sido nacionalizadas, como el Banco Sabadell”. Los afectados recuerdan las ayudas recibidas por la CAM y el esquema de protección de activos (EPA) que le otorgó el Estado al Sabadell para defender que el banco “no puede obtener todos los beneficios del Estado español y después no obligarse o responsabilizarse de las obligaciones que tenía que haber adquirido” y que “una voluntad política de independizarse, eximirse de dichas posibilidades”.
La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España, para ser posteriormente adjudicada al Sabadell en diciembre de ese mismo año por el precio simbólico de un euro. El Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros en la entidad que se sumaron a los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El 23 de julio de 2008 la CAM sacó al mercado sus cuotas participativas. En total, colocó 50 millones de títulos a un precio de 5,84 euros. Lehman Brothers, que quebró sólo dos meses después, fue el banco colocador de la emisión. Un 65,5% de las cuotas (32,7 millones) se colocaron entre minoritarios, que tenían que realizar una inversión mínima de 3.000 euros. Teniendo en cuenta estas cifras, algo más de 60.000 minoristas, la mayoría clientes de la CAM, se hicieron con estos títulos. Tras el rescate de la entidad, perdieron todo su dinero.